España ante el reto de la movilidad eléctrica urbana. Infraestructuras, fiscalidad y nuevas tecnologías centran el debate sobre cómo acelerar la transición del parque móvil. ¿Están las ciudades preparadas para convertirse en «territorio eléctrico»? Aunque quienes conducen un vehículo eléctrico suelen destacar que no volverían atrás, la electrificación del parque móvil urbano en España avanza entre certezas, dudas y barreras todavía por resolver. Del coste de acceso a la ansiedad de autonomía, pasando por los desafíos regulatorios y urbanos.

La transición hacia una movilidad sin emisiones dista de ser un camino ideal. Pero también se acelera impulsada por nuevas soluciones tecnológicas, cambios en la movilidad urbana y una presión normativa creciente. En este escenario, LA RAZÓN y Acciona reunieron a expertos del sector para debatir una cuestión decisiva: qué está frenando la electrificación en las ciudades y, sobre todo, qué palancas pueden activarse para su despegue.

La mesa debate, moderada por el periodista de Onda Cero, Ignacio Rodríguez Burgos, contó con la siguiente participación: Cristina Martínez de Bartolomé, CFO de Silence (Acciona); José Ignacio Moya, director general de Faconauto; Juan José Arriola Ballesteros, subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT; y Natalia Sobrino, profesora de Transportes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM e investigadora en TRANSyT-UPM.

La electrificación del parque móvil urbano avanza, pero no al ritmo deseado. España sigue rezagada frente a Europa. Mientras algunos países superan el 20% de cuota eléctrica, en España apenas ronda el 9%, e incluso en el ámbito de los vehículos ligeros urbanos la penetración es todavía testimonial. Para Cristina Martínez, CFO de Silence (Acciona), este retraso contrasta con la madurez de soluciones que ya existen: «La tecnología para la movilidad urbana eléctrica ya está disponible; el problema es que sigue siendo poco conocida e incentivada».

Aunque las barreras no son solo económicas, el precio de adquisición de los vehículos eléctricos sigue siendo un freno, agravado por unas ayudas públicas que, según denunciaron los participantes, llegan tarde y pierden eficacia como incentivo. José Ignacio Moya, director general de Faconauto, defendió que la electrificación no puede desligarse de una renovación global del parque móvil español, cuya elevada antigüedad —uno de cada dos vehículos tiene más de diez años— es un lastre para la descarbonización. A su juicio, hacen falta «ayudas estables, fiscalidad inteligente y neutralidad tecnológica» para no dejar atrás a nadie.

A estas barreras se suman factores sociales como la llamada ansiedad de autonomía y la incertidumbre del consumidor ante una tecnología que muchos perciben aún en evolución. «Hay un esfuerzo didáctico pendiente para eliminar los miedos», apuntó Moya.

Desde la DGT, Juan José Arriola añadió otra dimensión: electrificar no puede limitarse a sustituir un coche de combustión por uno eléctrico. «La gestión del espacio urbano y la seguridad vial también forman parte de la ecuación».

Si hubo un punto destacado ese fue el de la infraestructura y los puntos de recarga, con la necesidad de impulsar el uso de soluciones con tecnologías alternativas que permitan recargar el vehículo eléctrico sin barreras.

Entre las tecnologías emergentes que suscitaron mayor interés destacó la de intercambio de baterías, especialmente para movilidad ligera y flotas urbanas. Cristina Martínez defendió este modelo como una solución inmediata para la última milla, el reparto urbano y servicios compartidos. «El vehículo nunca está parado y eso reduce tiempos muertos, costes y número de unidades necesarias», señaló.

A su juicio, los vehículos Silence son ideales para el consumidor final, ya que en entornos urbanos, eliminan por completo la ansiedad por la recarga manejando baterías intercambiables que pueden ser recargadas en enchufes domésticos. Los vehículos Silence de dos ruedas y los nanocoches presentan un tamaño más reducido para moverse por la ciudad, y tienen precios de compra mucho más reducidos. «Estamos en el buen camino con más opciones para hacer que la ciudad sea electrificada», destacó Martínez.

Ante el reto de contar con un mayor despliegue de puntos de recarga, Natalia Sobrino, advirtió de que el verdadero debate debe centrarse en la capacidad de la red eléctrica. «Cuando hablamos de infraestructura olvidamos que hay que pensar cómo se suministra esa electricidad y con qué flexibilidad», explicó, apuntando al papel que podrían jugar la digitalización y la inteligencia artificial en el diseño de redes inteligentes.

Moya insistió además en la necesidad de simplificar trámites y mejorar la experiencia del usuario: desde métodos de pago más sencillos, hasta menos burocracia para abrir nuevas electrolineras.

Precisamente, la electrificación de las flotas que más kilómetros recorren —logística urbana, transporte público, taxis o VTC— surgió como otra gran prioridad. Natalia Sobrino reclamó focalizar la transición en esos segmentos porque son los de mayor impacto en la calidad del aire y la eficiencia urbana. También pidió homogeneidad regulatoria entre municipios para la distribución de la última milla.

Junto a ello, el renting y la movilidad compartida emergieron como palancas complementarias. Según Moya, permiten al usuario acceder a nuevas tecnologías sin asumir el riesgo de compra en un mercado tan cambiante.

Desde Silence se reivindicó además el carsharing eléctrico como respuesta a un uso real del vehículo privado cada vez menor en ciudad. «No hay una única solución, sino una multimovilidad que debe integrarse», resumió Martínez.

En las propuestas también hubo consenso en las ayudas directas y ágiles en el punto de venta, incentivos fiscales, regulación homogénea, simplificación administrativa y un mayor esfuerzo pedagógico. Martínez puso el foco en dos ejes: políticas públicas eficaces y comunicación. Moya añadió la necesidad de aplicar planes de renovación tecnológica para hogares con menos recursos. Sobrino apeló a una gobernanza urbana que garantice una transición asequible «sin dejar a nadie atrás».

El último punto trató sobre si la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento de los combustibles pueden actuar de catalizadores. Mientras Cristina Martínez y Natalia Sobrino ven una oportunidad para hacer más competitiva la movilidad eléctrica, Arriola opina que el contexto refuerza la tendencia de reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Si algo quedó claro es que la electrificación urbana no depende de un factor. La transición es inevitable; la cuestión es si el país logrará acelerar a tiempo para que sus ciudades sean territorio eléctrico.

FUENTE: La Razón.